Laboratorio de Economía de la Educación

• Acorde con la UApA, que contabiliza los estudiantes priorizados, la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pasó de 76% en 2022 a 81,8% en 2025, pero el número de estudiantes atendidos disminuyó de 5,84 millones a 5,60 millones. Si la cobertura se calcula tomando en cuenta el SIMAT -sistema de matrículas- en lugar de los estudiantes priorizados, habría una discrepancia de 5 puntos porcentuales en el cálculo.
• 25 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) registraron alguna alerta de intermitencia del PAE en 2025, frente a 17 en 2022.
• Chocó, Cesar, Cauca, Magdalena y Buenaventura registraron durante 2025 interrupciones o riesgos de suspensión que afectaron a miles de estudiantes.
• En 2024, Girardot, Sincelejo, Córdoba y Popayán (4 ETC) no habían iniciado la operación del PAE a marzo, afectando en conjunto a 278.000 estudiantes.

Bogotá D. C., 16 de septiembre de 2026. (X: @LEEJaveriana). El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana publicó el Informe “El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia: cobertura, intermitencia y calidad del servicio (2022–2025)”, un análisis que examina la evolución de la cobertura y la continuidad del programa en el país. El estudio se basa principalmente en la revisión de 51 Informes de Operación del PAE (INOP) publicados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UApA) entre junio de 2022 y octubre de 2025, además de información del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Informe de Gestión 2025 de la UApA, el Boletín Técnico FIES 2025 del DANE y evidencia previamente analizada por el LEE de la Javeriana.

El Programa de Alimentación Escolar es una estrategia educativa mediante la cual el Estado entrega un complemento alimentario a estudiantes matriculados en establecimientos educativos oficiales, con el propósito de contribuir a su acceso, permanencia y asistencia escolar. De acuerdo con la evidencia recogida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2021), el programa se asocia con una reducción de la deserción escolar del 12% y del ausentismo del 14%. Estos efectos, sin embargo, dependen de que el servicio sea oportuno y continuo, particularmente al inicio del calendario escolar.

En este contexto, uno de los principales hallazgos del informe es la diferencia entre el comportamiento de la cobertura porcentual y el número de estudiantes efectivamente atendidos. Según las cifras reportadas por la UApA, la cobertura nacional pasó de 76% en 2022 a 81,8% en 2025. Sin embargo, el número de beneficiarios disminuyó de 5.838.083 en 2024 a 5.598.409 en 2025, es decir, 239.674 estudiantes menos.

Esta aparente contradicción se explica, en buena medida, por el comportamiento de la matrícula utilizada como denominador para calcular la cobertura. Entre 2024 y 2025, la matrícula oficial reportada en el SIMAT cayó en 431.684 estudiantes, una disminución mayor que la registrada en el número de beneficiarios del PAE. Como resultado, el porcentaje de estudiantes atendidos aumenta aunque el número absoluto de estudiantes beneficiarios disminuya. Para los investigadores, esta diferencia es relevante porque un indicador porcentual de cobertura puede transmitir una señal de mejora que no necesariamente significa que el programa esté llegando a un mayor número de estudiantes.

El análisis encuentra, además, una diferencia creciente entre las cifras de matrícula utilizadas por la UApA y las reportadas en el SIMAT. La UApA calcula la cobertura sobre una matrícula priorizada que denomina “saneada”, en la que excluye determinados registros, entre ellos estudiantes en estado “retirado” y algunos grados que no son objeto de atención del programa. El LEE, por su parte, utiliza la matrícula total del sector oficial reportada por el Ministerio de Educación Nacional a través del SIMAT.

Esta diferencia metodológica se había mantenido relativamente estable entre 2019 y 2024, cuando osciló entre 141.000 y 294.000 estudiantes y generaba diferencias de aproximadamente uno o dos puntos porcentuales en la cobertura. En 2025, sin embargo, la brecha llegó a 396.420 estudiantes, lo que produjo una diferencia cercana a cinco puntos porcentuales: 81,8% de cobertura según la UApA frente a 77% cuando se utiliza la matrícula total del SIMAT.

El informe señala que esta diferencia requiere mayor claridad metodológica. En particular, los 396.420 estudiantes que no hacen parte del denominador utilizado por la UApA representarían una tasa de salida del sistema de 5,7% si correspondieran efectivamente a estudiantes que abandonaron la educación oficial. Esta cifra resulta superior a la tasa de deserción oficial reportada por el Ministerio de Educación Nacional para 2024, de 3,63%. El análisis indica que esta comparación no permite concluir que exista una inconsistencia en las cifras, pero sí plantea una pregunta técnica que requiere mayor transparencia sobre la composición y depuración de las matrículas utilizadas para medir la cobertura.

La continuidad del servicio constituye otro de los principales retos identificados. El número de ETC con alguna alerta de intermitencia pasó de 17 en 2022 a 25 en 2025, equivalentes al 18% y 26% del total, respectivamente. Además, el análisis muestra que algunas entidades territoriales presentan alertas de manera recurrente, entre ellas Córdoba, Cesar, Magdalena, Cauca, Antioquia y Buenaventura. La repetición de estos episodios sugiere dificultades estructurales en la gestión territorial del programa y no únicamente situaciones aisladas.

Los casos registrados durante 2025 muestran la magnitud de este problema. En Chocó, que registró la cobertura departamental más alta del país, con 99,2%, el servicio se interrumpió progresivamente entre mayo y septiembre en hasta 22 de sus 30 municipios, afectando a más de 55.000 estudiantes en septiembre. En Cesar, una suspensión en 12 municipios de la zona norte puso en riesgo la atención de 74.452 beneficiarios, mientras que otra alerta en la zona sur involucró a 46.194 estudiantes. En Cauca, el SIMAT registraba una cobertura de 0% al 30 de abril de 2025 y, posteriormente, una nueva suspensión afectó a 97.658 estudiantes tras el vencimiento de cinco contratos con operadores.

El inicio oportuno del programa también representa un reto. El análisis identifica una mejora en el número de ETC con alertas al comienzo del calendario escolar: mientras en enero de 2023 se registraban 36 ETC con alguna alerta, en enero de 2025 fueron 13, seis sin iniciar la operación y siete con atención parcial. No obstante, el informe advierte que algunos de los territorios con mayores dificultades se repiten año tras año.

Un caso especialmente significativo se presentó en 2024, cuando Girardot, Sincelejo, Córdoba y Popayán no habían iniciado la operación del PAE a marzo. En conjunto, estas cuatro ETC representaban alrededor de 278.000 estudiantes. De acuerdo con el análisis de los INOP, la adjudicación de los contratos tomó entre seis y diez semanas del calendario escolar. Esto significa que durante ese periodo los estudiantes no recibieron el complemento alimentario previsto por el programa.

“La oportunidad en la prestación del PAE es especialmente relevante porque los días de servicio que se pierden al comienzo del calendario escolar no son completamente recuperables. La entrega posterior del complemento no compensa necesariamente el tiempo en que el estudiante no contó con este apoyo, particularmente cuando el programa busca contribuir no solo a la alimentación, sino también a la asistencia y permanencia escolar.” Advierte Omar Garzón, investigador del LEE de la Javeriana.

El informe también identifica diferencias importantes entre territorios. A cierre de 2025, solo 16 de los 33 departamentos superaban la cobertura promedio nacional. Chocó registró la mayor cobertura, con 99,2%, mientras Casanare presentó la menor, con 48,2%, una diferencia de 51 puntos porcentuales. A su vez, la cobertura rural nacional alcanzó 92,7%, superior a la urbana en 27 de los 33 departamentos. Aunque este resultado constituye un avance, el análisis advierte que los promedios departamentales no permiten descartar posibles brechas de atención en zonas de ruralidad dispersa.

El LEE también analizó el contexto alimentario del país, lo que refuerza la importancia de garantizar la continuidad del programa. Según el Boletín Técnico FIES 2025 del DANE, la proporción de hogares en inseguridad alimentaria disminuyó de 25,5% en 2024 a 21,1% en 2025. Sin embargo, alrededor de 12,1 millones de personas continuaban en esta situación, con una incidencia rural de 31,4%, casi el doble de la registrada en zonas urbanas, de 18,1%.

El LEE destaca que estos resultados no deben interpretarse únicamente como una evaluación de la gestión de una administración específica, sino como evidencia de los desafíos que enfrenta un programa descentralizado que depende de la capacidad de las 97 ETC para contratar, operar y garantizar de manera continua el servicio. “La recurrencia de las interrupciones en el suministro del PAE muestran la necesidad de contar con información oportuna, metodologías con indicadores comparables, y mecanismos que permitan anticipar y prevenir los retrasos o suspensiones del servicio.” Afirma Gloria Bernal, directora del LEE de la Javeriana.

Consulte el informe completo en: https://lee.javeriana.edu.co/w/lee-informe-145