Laboratorio de Economía de la Educación

En el contexto del conflicto armado interno que afecta a la sociedad colombiana, la identificación y atención de las comunidades en riesgo debido a la acción de los grupos armados es una tarea crucial. En este escenario, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desempeñan un papel crucial como mecanismo de prevención de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). A través de este sistema se identifican y advierten situaciones de riesgo inminente que afectan a comunidades, líderes sociales y la población en general, permitiendo que las instituciones estatales activen respuestas oportunas para su protección. Estas alertas reflejan la persistencia del conflicto armado en Colombia y permiten identificar las regiones del país donde su impacto sigue siendo más severo. Dentro de las múltiples problemáticas sociales derivadas de este fenómeno, una de las dimensiones más afectadas es la educación. La violencia, el desplazamiento forzado y la presencia de actores armados en los territorios han ocasionado interrupciones en el acceso a la escolarización, el deterioro de la infraestructura educativa, la victimización de los docentes y la comunidad educativa en general y un aumento en la deserción escolar, el reclutamiento forzado, entre otros efectos. Estas circunstancias no solo restringen el derecho fundamental a la educación, sino que también perpetúan ciclos de vulnerabilidad y exclusión social en las comunidades más afectadas por el conflicto.