•    Colombia tiene una deuda histórica con la infancia y adolescencia. La evidencia muestra que el estado actual de nuestros niños, niñas y adolescentes, en materia de educación, salud, bienestar, atención y desarrollo integral está en déficit.

•    Save the Children Colombia y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana estimaron los costos de la Política para el Desarrollo Integral en la Infancia y la Adolescencia, que fue aprobada por el Congreso de la República para ser Política de Estado. 

•    El costeo proyecta que, adicional a los recursos y necesidades que cubre el Sistema General de Participaciones (SGP), la Política Nacional de Infancia y Adolescencia requiere una inversión anual promedio de COP 18.2 billones (1.25% del PIB de 2022), pasando de una inversión inicial en 2023 de COP 10.9 billones a COP 25.5 billones en 2030. Educación y formación para la vida, seguido por Salud y bienestar, son los componentes de la Política que requieren mayor inversión, en los cuales son necesarios un 70% de recursos adicionales para lograr una atención integral.

•    En promedio, un niño, niña y adolescente requeriría una inversión anual aproximada de 13 millones de pesos. Uno que viva en zonas urbanas requeriría, en promedio, una inversión de 12.3 millones de pesos anualmente, mientras que la inversión para uno en zonas rurales es de 14.2 millones.

•    Las conclusiones de este costeo se dieron a conocer el 29 de junio, en la Universidad Javeriana en el evento “¿Cuánto debe invertir Colombia para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia?”.

Bogotá, junio 29 de 2023. Save the Children Colombia (SCC) y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana presentaron el costeo de la Política para el Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia, que servirá de guía para implementar dicha Política, ahora más, que será Política de Estado. Este evento contó con un panel con la participación de la Senadora de la República Paloma Valencia; la Secretaria de Educación de la Alcaldía de Bogotá, Edna Cristina Bonilla Sebá; el Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Desarrollo (DNP), Juan Miguel Gallego Acevedo; y la Directora de Infancia (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Julie Pauline Trujillo Vanegas.

En el proceso de estructuración y construcción de la herramienta de costeo, SCC y el LEE de la Javeriana analizaron cuánto costaría implementar la Política durante los próximos 8 años, a partir del 2023 (ya que, en principio, la Política fue formulada hasta el 2030), y en el marco de las cinco dimensiones que la componen: 1) educación y formación para la vida; 2) salud y bienestar; 3) vinculación afectiva y relaciones de cuidado; y 4) construcción de identidad y 5) ejercicio de ciudadanía.

El costeo proyecta que la Política Nacional de Infancia y Adolescencia requiere una inversión anual promedio de COP 18.2 billones (1.25% del PIB de 2022) para cumplir con estas dimensiones, pasando de una inversión inicial en 2023 de COP 10.9 billones a COP 25.5 billones en 2030. Estos datos no incluyen las necesidades ni los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), del cual se prevé una inversión anual promedio de COP 37 billones para atender todas las necesidades en educación y salud de la política.

Dentro de la Política, la mayor proporción del costo está asociado a las apuestas de educación y formación para la vida (56.3%), seguido por salud y bienestar (17.5%). De estas, actualmente se estima que se presupuestan aproximadamente el 30% de los recursos, es decir, son necesarios un 70% de recursos adicionales para lograr una atención integral en estas dimensiones. 

Los costos calculados anteriormente apuestan a que se garanticen, por ejemplo, en términos de educación y formación para la vida, el fortalecimiento de la calidad y cobertura de programas como el PAE, Jornada Única, entre otros, así como el desarrollo de habilidades transversales. De igual modo, en que los docentes tengan una alta cualificación y herramientas para el bilingüismo. En cuanto a salud y bienestar, a que se ofrezcan los servicios de afiliación y atención por medio del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), así como implementar protocolos de prevención y atención a las violencias intrafamiliares, y atender y promover integralmente la salud sexual y reproductiva; la atención en salud mental y a la desnutrición.
Con respecto a los otros componentes, se estima que vinculación afectiva y relaciones de cuidado requiere el 13.7% de los recursos totales de la Política, mientras que disfrute, exploración y expresión de intereses y talentos y construcción de identidad, participación y ejercicio de la ciudadanía requieren el 11.2% y 1.4%, respectivamente. De estos, se calcula que actualmente se presupuestan aproximadamente el 34% de los recursos. 

Finalmente, es importante resaltar que, en promedio, un niño, niña y adolescente requeriría una inversión anual aproximada de 13 millones de pesos. Uno que viva en zonas urbanas requeriría, en promedio, una inversión de 12.3 millones de pesos anualmente, mientras que la inversión para uno en zonas rurales es de 14.2 millones.
Este proyecto nació de la preocupación frente al contexto actual que vive la niñez y adolescencia más vulnerable del país. Si bien la atención brindada a niñas, niños y adolescentes por medio de diferentes programas y estrategias del Estado y la sociedad civil ha aumentado durante los años, aún se presentan rezagos en la atención integral que la Política en mención debe intervenir, por ejemplo:
•    Entre 2018 y 2021, 98.000 niñas y niños nos estaban matriculados en el sistema educativo y cerca de 35.500 dejaron de estudiar en un nivel educativo acorde a su edad (MEN).
•    En 2022, el 19% de la niñez matriculada en colegios oficiales no recibió el PAE. En zonas rurales, el 16% tampoco recibió esta alimentación. (LEE Javeriana, DNP)
•    En 2021, 4.732 de los nacimientos fueron de madres que tenían entre 10 y 14 años (DANE).
•    El 85% de los casos de restablecimiento de derechos relacionados con violencia a niñas, niños y adolescentes atendidos por el ICBF son por violencia sexual, el 9% a violencia física y el 5% a psicológica. El 82% de las víctimas son mujeres (ICBF, 2022). 
•    De los ocho millones de víctimas del desplazamiento forzado que hay registrado en el país, el 50%, es decir, cuatro millones, son niñas y niños (RUV, 2022).

Estas son solo algunas de las cifras que dan cuenta de la deuda histórica que Colombia tiene con la niñez y adolescencia. Por ello, los investigadores argumentan que “es fundamental aterrizar la política, del papel a la práctica. Es decir, es importante tener claridad sobre las acciones concretas para su implementación y saber cuánto cuesta. Hay una deuda pendiente con la niñez y la adolescencia que esperamos esta ley pueda suplir”, afirma Gloria Bernal, codirectora del LEE Javeriana.

“Desde SCC evidenciamos que uno de los retos de esta política era identificar el impacto financiero que podía tener, razón por la cual impulsamos la elaboración de este costeo. También es momento ahora de hacer un llamado al Gobierno Nacional y a todas las instituciones que intervienen para articularnos y aunar esfuerzos que nos permitan sacar adelante esta política y garantizar la inversión en los años que vienen. Esto debe pensarse desde lo nacional y desde el territorio, para cumplir el compromiso que tenemos como sociedad de llegar hasta el último niño y niña”, comenta María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia. 

Antes de ser lanzado, este costeo fue socializado con nueve actores del Gobierno y sociedad civil (entre ellos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerios de Hacienda, de Salud y de Educación, Congreso de la República, Departamento Nacional de Planeación, Vicepresidencia, Unidad de Alimentos para Aprender), para obtener retroalimentación y un alcance real del ejercicio. 

Lea el informe de Costeo de la Política para el desarrollo integral de la Infancia y Adolescencia acá.

En la foto: Felipe Cortés, Director Nacional de Incidencia Política de Save the Children; Gloria Bernal, codirectora del LEE Javeriana; Edna Cristina Bonilla Sebá, Secretaria de Educación de la Alcaldía de Bogotá; Luz Karime Abadía, codirectora del LEE Javeriana; Juan Miguel Gallego Acevedo, Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP); y la Directora de Infancia (e) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Julie Pauline Trujillo Vanegas.