La educación es sin duda, un factor de movilización social y desarrollo económico, que se ha constituido como un derecho fundamental en las naciones contemporáneas y que por ello se encuentra definido en las constituciones y abordado en la política pública. En este sentido, el acceso a la educación (especialmente la de calidad) por parte de la población, es sin duda un determinante de aspiración a empleos bien remunerados y de mayores posibilidades de desarrollo personal, familiar y comunitario, lo que en términos agregados constituye un factor preponderante de movilidad social y reducción de la pobreza y desigualdad. Ahora bien, la educación en los primeros años de vida tiene un matiz particular. De acuerdo con Wolff, Schiefelbein y Valenzuela (1994): “los primeros años de vida son cruciales para la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social” (p.3), por lo que los efectos de la ausencia o de una reducida atención temprana pueden ser acumulativas y de largo plazo.

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